Dividendo Trump: cinco mil dólares en cheque, cuarenta billones en factura

Hay promesas que se hacen con la chequera en la mano y otras que se hacen con la chequera del vecino. La del pasado miércoles en Dallas pertenece a una tercera categoría, más innovadora: se hizo con una chequera que la Corte Suprema ya declaró inválida.

En la primera “convención de medio término” del Partido Republicano, el presidente Donald Trump anunció el llamado Trump Dividend: un cheque de 5,000 dólares para cada ciudadano adulto, siempre y cuando —y aquí está la letra pequeña que no es tan pequeña— los republicanos conserven la Cámara y el Senado el 3 de noviembre. “Si ganan los republicanos, ustedes ganan con nosotros y reciben 5,000 dólares”, dijo, con la naturalidad de quien ofrece una rifa parroquial. La diferencia es que en la rifa parroquial alguien compró el premio antes de anunciarlo.

Nota sobre las cifras: esta columna usa la nomenclatura estadounidense, con su equivalente en español entre paréntesis. Así, 1 billion = mil millones; 1 trillion = un billón.

Cuánto cuesta el Dividendo Trump: la cuenta que nadie hizo en el escenario

Estados Unidos tiene unos 245 millones de ciudadanos adultos. Multiplicados por 5,000 dólares, el resultado ronda los 1.2 trillion (1.2 billones de dólares); Reuters lo lleva a 1.35 trillion (1.35 billones) si se cuenta a todos los adultos del país, unos 270 millones, y no solo a los ciudadanos. Para dimensionarlo: todo el presupuesto discrecional federal del año fiscal 2026 —defensa, educación, justicia, carreteras, parques, la NASA y el resto del catálogo— asciende a 1.6 trillion (1.6 billones). El dividendo, por sí solo, equivale a casi tres cuartas partes de todo eso, y a más del 15 % del gasto federal total del año pasado.

Erica York, economista de la Tax Foundation, lo puso en términos aún menos amables: el cheque consumiría prácticamente toda la recaudación que se espera de los nuevos aranceles en una década. No en un año. En diez.

El presidente, consultado al día siguiente, aclaró que no cree que haga falta la aprobación del Congreso; el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo después lo contrario. Es una posición coherente con su historial reciente en materia de “no hace falta que me autoricen”, historial que la Corte Suprema evaluó en febrero con resultados que veremos a continuación.

Los aranceles: el pozo del que saldría el dinero (y del que ya está saliendo)

El financiamiento, según sugirió el vicepresidente JD Vance en Fox News, vendría al menos en parte de los aranceles. La idea tiene una lógica interna impecable: los aranceles recaudaron 195 billion (195 mil millones de dólares) en el año fiscal 2025, un récord histórico, y antes del fallo iban camino de superar los 350 billion (350 mil millones) este año fiscal. Un negocio redondo.

Hasta el 20 de febrero de 2026, cuando la Corte Suprema resolvió por 6 votos a 3, en Learning Resources, Inc. v. Trump, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles. Ni los “recíprocos”, ni los del “fentanilo”, ni los del Día de la Liberación. Ninguno. Retroactivamente. Desde el primer día.

Lo que siguió es una de las operaciones contables más pintorescas de la historia fiscal reciente: el gobierno cobró unos 166 billion (166 mil millones) bajo una autoridad que no tenía, y ahora los está devolviendo, con intereses, a unos 330,000 importadores. Al 31 de julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había pagado unos 100 billion (100 mil millones) en reembolsos; al 21 de agosto, la cifra certificada llegaba a 106.6 billion (106,600 millones), intereses incluidos.

Mes a mes, la escena es todavía mejor. En mayo, la recaudación neta por aduanas fue de menos 40 millones de dólares. Menos. En junio se devolvieron 49.1 billion (49,100 millones) mientras se recaudaban 23.6 billion (23,600 millones) nuevos. En julio, los reembolsos (33.4 billion, es decir, 33,400 millones) volvieron a superar la recaudación (24.8 billion, 24,800 millones), dejando un flujo neto negativo de 8.6 billion (8,600 millones). Recién en agosto el saldo volvió a terreno positivo: 12.8 billion (12,800 millones).

Dicho de otro modo: el “pozo” arancelario que financiaría los cheques pasó tres meses siendo un desagüe. La Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office, CBO) —la agencia no partidista que elabora las proyecciones fiscales oficiales para el Congreso— ya recortó su estimación de ingresos arancelarios para 2026 en unos 250 billion (250 mil millones), un 60 % por debajo de lo que proyectaba en febrero. El reemplazo que improvisó la Casa Blanca —un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974— tampoco tapó el hueco: era más bajo que los aranceles anulados y, por ley, solo podía durar 150 días. Venció el 24 de julio, y hoy lo sustituyen aranceles de entre el 10 y el 12.5 % bajo la Sección 301. Parches provisionales para una pérdida permanente.

Si tu small business está entre esos importadores, el reembolso y sus intereses tienen que quedar bien registrados en los libros y, en muchos casos, en la declaración de taxes. Es justo el tipo de detalle que cuidamos en bookkeeping.

Mientras tanto, en el sótano: una deuda de 40 billones

La deuda nacional superó los 40 trillion (40 billones de dólares) en agosto. Al 10 de septiembre marcaba 40.047 trillion (40.047 billones), según el registro diario del Tesoro, a tiro de piedra del límite legal de 41.1 trillion (41.1 billones) fijado en la reconciliación presupuestaria del año pasado, el OBBBA. El déficit del año fiscal 2026 ya sumaba 1.97 trillion (1.97 billones) al cierre de agosto, y la CBO proyecta que el año termine en torno a 2.1 trillion (2.1 billones).

El dato que más debería quitarle el sueño a cualquier tesorero es otro: el país paga hoy más de 1 trillion (un billón de dólares) al año solo en intereses netos —unos 1.06 trillion (1.06 billones) en los últimos doce meses—, más de lo que gasta en defensa. Los intereses son ya la partida de gasto de crecimiento más rápido del presupuesto. La CBO proyecta que se duplicarán hasta 2.1 trillion (2.1 billones) en 2036, cuando la deuda en manos del público llegará a 56 trillion (56 billones), sin contar cheques electorales.

No es una enfermedad exclusiva de Washington. Recaudar menos, gastar más y cubrir la diferencia con deuda cada vez más cara es el mismo patrón que le costó a Colombia el grado de inversión, como contamos en el balance económico del gobierno Petro.

Contra ese telón de fondo, proponer un desembolso de 1.2 trillion (1.2 billones) —en una economía con inflación al alza, desempleo bajo y el bono a 30 años por encima del 5 %— es, en palabras de Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US (una de las mayores firmas de auditoría y consultoría del país), “la definición operativa de política fiscal inoportuna y desaconsejada”. Y eso lo dijo alguien que cobra por ser diplomático.

Un cheque de 1.2 billones de dólares, financiado con aranceles que la Corte Suprema anuló, encima de una deuda de 40 billones: la cuenta no cierra.

Los cheques que nunca llegaron: la cuarta vez es la vencida

Conviene recordar la genealogía del cheque. En febrero de 2025 fueron los “dividendos DOGE” de 5,000 dólares, financiados con ahorros que el DOGE nunca produjo. En julio de 2025 fue un “pequeño reembolso” arancelario sin monto definido; el proyecto del senador Josh Hawley hablaba de 600 dólares. Entre octubre y noviembre de 2025 fue el “dividendo arancelario” de 2,000 dólares, financiado con aranceles que la Corte luego anuló. Ahora son 5,000 dólares condicionados a un resultado electoral, financiados con —hasta donde se sabe— la convicción de que el país “está ganando muchísimo dinero”. Cero de las tres versiones anteriores llegó a un buzón. Es el récord más consistente de la administración.

Varios legisladores republicanos calificaron la idea, en privado y en público, como una maniobra electoral casi imposible de aprobar. Según CNN, el anuncio tomó por sorpresa a buena parte de la Casa Blanca —solo lo conocía un círculo pequeño de asesores— y sus funcionarios pasaron la mañana del jueves improvisando los “detalles”; la Casa Blanca niega la sorpresa. Hasta una pequeña empresaria de Arlington, en el piso de la convención, lo resumió con más rigor que el podio: “No me van las cosas gratis”.

Epílogo con calculadora apagada

Sería un error leer este episodio como un problema de matemáticas. No lo es. Nadie en el escenario de Dallas estaba resolviendo una ecuación; estaban resolviendo una elección. La deuda es un número que se paga en 2036, en 2046, con los impuestos de gente que todavía no vota. El cheque es un número que se cobra en noviembre.

Y para un hombre cuyas empresas se acogieron seis veces al Capítulo 11 de la ley de quiebras entre 1991 y 2009 —y que salió de cada una de ellas más famoso que antes—, un balance en rojo nunca ha sido un obstáculo. Ha sido, en todo caso, el modelo de negocio.

Al final, ¿qué es otra bancarrota?